El 12 de enero de 1824, en Lima, Perú, el Libertador Simón Bolívar decretó la pena de muerte para “Todo funcionario público, a quien se le convenciere en juicio sumario de haber malversado o tomado para sí de los fondos públicos de diez pesos arriba…”.
El decreto respondió a la voluntad de Bolívar de poner cese a los actos de corrupción de los funcionarios de la naciente República y sentar un precedente para la administración honesta de los recursos del Estado.
vía Diariovea – Tal día como hoy.
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